"LO QUE ESTÁ HECHO NO LO PODEMOS TIRAR"
ENTREVISTA A RAFAEL QUIRÓS, ALCALDE DE BARBATE
(13-10-07)

EL PAIS ANDALUCÍA. P. E. - Cádiz - 13/10/2007

El alcalde de Barbate, Rafael Quirós ( PSOE), ha heredado del antiguo gobierno, formado por PP y PA, numerosos problemas. El principal: unas deudas millonarias que le frenan la solución de los retos más urgentes. Algunos de ellos tienen que ver con la proliferación de viviendas ilegales en las pedanías de Zahora o San Ambrosio. Sus vecinos y hosteleros exigen servicios e infraestructuras para las que necesita dinero.

Pregunta. ¿Qué planes tiene para resolver el problema de las viviendas ilegales?
Respuesta. Yo nunca digo ilegales. Las llamo irregulares. Vamos a sacar el avance del plan para que esos suelos [que son rústicos] sean urbanos o no consolidados. Una vez tengamos eso, abriremos una oficina de regularización por sectores como se ha hecho en Chiclana. Allí hay 15.000 viviendas y nosotros sólo tenemos mil.
P. ¿Debe el Ayuntamiento dar respuesta a todas las exigencias de esos vecinos?
R. En Zahora, por ejemplo, ya hay servicio de basuras. También electricidad, aunque con algunos cortes. El problema más grave es el abastecimiento de agua. Hay que hacer una red y saneamiento para todas las viviendas. No podemos dejar ninguna fuera. Es como hacer un pueblo de la nada. También proyectamos una depuradora porque es una zona sensible al estar entre un parque natural y la playa.
P. ¿Quién tiene que pagarlo?
R. El Ayuntamiento hace de agente urbanizador. Eso vale dinero. El abastecimiento y el saneamiento sale entre 15 y 20 millones de euros. Los vecinos participarán. Ellos quieren pagar pero hay que hacer un plan y para ello estimamos un plazo de tres o cuatro años.
P. Pero fueron viviendas y negocios que se levantaron en una zona no permitida y sin licencia. ¿Qué mensaje se le da al resto de la ciudadanía?
R. Mire, Zahora es ya un pueblo. El mensaje es claro. El mensaje es que hay que regularizar. No vamos a permitir que se construya más pero lo que está hecho no lo podemos tirar. No podemos derribar mil viviendas. Aquí hay gente que lleva viviendo 20 años. Los negocios pagarán sus multas y sus licencias.
P. A la Fiscalía no le gustan estos planes de regularización.
R. Lo que la Fiscalía dice es que no se puede fomentar la construcción ilegal. Nosotros en las decisiones judiciales no nos vamos a meter. En Zahora hay orden de derribo de tres bungalós. Yo me he encontrado con este problema. Pues podemos sentarnos todos y hablar. Pero el tema es claro: o lo solucionas o derribas. ¿Quién le pone el cascabel al gato? De momento, vamos a poner un colegio porque entendemos que hace falta.
P. ¿En cuánto tiempo se espera tener resuelto este problema?
R. No se puede tener prisa para arreglarlo. Recuerde que muchas casas llevan aquí 20 años. Primero hay que pararlo. Que, mientras estemos regularizando, no se siga construyendo y aparezcan 10.000 nuevas casas. Después hay que mirar con lupa los dominios públicos, las cañadas reales... Es un trabajo de chinos.
P. ¿Tiene el Ayuntamiento medios para vigilar esas construcciones irregulares?
R. Tenemos la voluntad de arreglar este problema. En Zahora no va a ser más grave porque el suelo está colmatado. La Fiscalía, Medio Ambiente, el Seprona están trabajando. Queremos que las cosas funcionen legalmente.

LOS VECINOS EXIGEN SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO
EL PAIS ANDALUCÍA. P. E. - Cádiz - 13/10/2007

La asociación de vecinos Costa de la Luz, presidida por José Antonio Mármol, sigue atentamente las intenciones de regularizar la situación de las 800 viviendas y negocios existentes en Zahora, la pedanía barbateña donde el Ayuntamiento tiene previsto iniciar sus planes de legalización. Son propietarios que exigen participar activamente en este proceso. "Nos hemos reunido con el alcalde para comenzar a hablar de lo que se va a hacer, pero todavía hay muchas cosas que mirar", afirma el presidente de la asociación vecinal.

Entre estas cuestiones, miran desconfiados la catalogación del suelo que van a recibir las parcelas donde están sus casas. También están preocupados por el diseño de los viales y carriles que ordenarán esta zona. "Tenemos que mirar por nuestros derechos", explica Mármol.

El cambio de gobierno en el Ayuntamiento, que ha pasado de alcalde del Partido Popular a alcalde socialista, ha sido bien recibido por el colectivo vecinal. Con el anterior equipo municipal, las conversaciones no habían llegado a buen término y se habían estancado. "El nuevo alcalde viene con buenos ánimos", cree el presidente vecinal.

Entre otras demandas, los miembros de la asociación han pedido una red de suministro eléctrico sin deficiencias, mejoras en el tráfico para evitar atascos, el abastecimiento y saneamiento de agua y un servicio de autobuses continuado para sus desplazamientos. "Esto es un pueblo donde llevamos viviendo más de 20 años. Muchas de estas peticiones ya se podían haber realizado sin necesidad a esperar a la legalización de las casas", considera Mármol.

LA FISCALÍA CENSURA EL PLAN DE BARBATE PARA REGULARIZAR 1.000 VIVIENDAS ILEGALES
OBRAS PÚBLICAS AMPARA LA LEGITIMIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA ORDENAR SUS TERRITORIOS
EL PAÍS ANDALUCÍA. PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 13/10/2007

"Desde el punto de visto jurídico es un fraude de ley que se permita construir ilegalmente con la posibilidad posterior de legalizar". El coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, censuró ayer los intentos de varios ayuntamientos andaluces, fundamentalmente en la provincia de Cádiz, de regularizar las casas que se han levantado en los últimos años sin orden ni licencia. "Si eso se permite de manera general, las normas no sirven para nada". El último caso es el del Ayuntamiento de Barbate, gobernado por el PSOE, que pretende legalizar casi 1.000 viviendas ilegales.

La Junta de Andalucía, en cambio, defiende la legalidad de estas actuaciones siempre que estén amparadas en revisiones de planes generales o sigan las directrices de planes supramunicipales, como ocurre en Barbate o en la bahía gaditana.

Chiclana es la localidad donde más avanzados están sus planes de legalizar casas. Su intención es poder normalizar la situación de 15.000 viviendas que se han construido en los últimos años en zonas donde no podía hacerse y, además, sin permiso ninguno. Unos planes que también existen en otros municipios cercanos como Puerto Real y El Puerto de Santa María, también en la bahía de Cádiz, o en Barbate, donde su ayuntamiento ha programado regularizar mil edificaciones. Para ello se cambiará el uso de suelo rústico a urbano no consolidado.

Estas intenciones no gustan al Ministerio Público. El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, en su última memoria anual había alertado de la permisividad municipal. A su juicio, "regularizar casas ilegales acaba con la esencia del urbanismo" y contribuye al efecto llamada. También advertía de que los propietarios de estas construcciones acaban convirtiéndose en grupos de presión a los ayuntamientos para exigir servicios e infraestructuras.

En esta línea, Rodríguez León también cuestiona las intenciones municipales. "El hecho de que modifiquen el destino de un suelo para intentar legalizar construcciones ilegales desde un punto de vista político podrá estar amparado, pero desde el punto de vista legal no quiere decir que deje de ser constitutivo de delito. Lo que no pueden modificar es el Código Penal", sostiene. Por eso añade que estos planes son "un fraude de ley". El fiscal se muestra preocupado de la generalización de esta práctica. "Me parecería fuera de lugar que la solución sea permitir construcciones ilegales y después legalizarlas".

Rodríguez León también explica que contra estos planes se pueda actuar "en la vía de lo contencioso y en la vía penal", aunque aclara que la Fiscalía de Medio Ambiente no intervendrá de oficio. Confía en que todos los trámites que se realicen cumplan con la legislación, de ahí que dé importancia al papel de las comisiones provinciales de Urbanismo. "Las soluciones pueden ser puntuales pero la regla general no puede ser 'construye donde quieras que después se legaliza' porque entonces las normas no sirven para nada".

El delegado de Obras Públicas en Cádiz, Pablo Lorenzo, defendió la legalidad de la regularización de viviendas. Recordó que el Plan de Ordenación del Territorio de la bahía de Cádiz incluye que hay que dotar de servicios a aquellas zonas donde proliferen viviendas ilegales. A ello se han acogido municipios como Chiclana, El Puerto de Santa María o Puerto Real. "Esos asentamientos son una realidad y hay que darles una solución que ese plan de ordenación ya contempló.

También defiende la regularización que se va a iniciar en Barbate, aunque no esté dentro del documento de la bahía gaditana. "Aquí el proceso elegido es la revisión de su plan general. Se pueden incorporar esos asentamientos al suelo urbano respetando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Plan del Ordenación del territorio de Andalucía".